¿Quiénes son los dueños de Credicard?

Durante el día viernes 2 de diciembre, la plataforma de pagos electrónicos del país -77% propiedad de la empresa Consorcio Credicard C.A.- se vio severamente afectada durante varias horas, paralizando las transacciones comerciales electrónicas en puntos de venta y transferencias interbancarias en gran parte del territorio nacional, reseñó Últimas Noticias.

El presidente Nicolás Maduro afirmó que la afectación respondió a un ataque cibernético internacional contra la plataforma financiera del país. “Afectó toda la capacidad de intercambio por Internet para provocar un estado de colapso y desesperación en los pagos con tarjeta en puntos de venta”, apuntó.

La empresa Credicard, que comenzó a operar en 1988 en Venezuela, tiene 21 bancos afiliados -en su mayoría privados- que componen más del 70% del sistema bancario nacional. Aparte es la representante oficial de las franquicias Mastercard y Visa, los principales medios de pago para las transacciones comerciales en el país.

Según información del Servicio Nacional de Contrataciones, la empresa Credicard es propiedad en un 66% de dos grandes bancos nacionales: Banco Occidental de Descuento (B.O.D) y Bancaribe, este último asociado al canadiense Scotiabank.

Y detrás de estos bancos los que verdaderamente toman las decisiones: sus altas capas directivas y gerenciales.

Uno de los miembros principales de la junta directiva de Credicard es Arturo Ganteaume.

Arturo Ganteaume es el presidente actual del Bancaribe. En el año 2005 los fiscales 53 y 54 del área metropolitana de Caracas lo imputaron -junto a otros 19 banqueros- por la comisión de los delitos de defraudación y actos violatorios a la ley en el sonado caso Papelería Nacional, en el cual fue vendido a sobreprecio el fideicomiso de dicha empresa por parte de estos emprendedores.

Por su parte, Roberto Smith -ex ministro de transporte y comunicación de Carlos Andrés Pérez-, actual dirigente de Voluntad Popular que busca la candidatura de la gobernación del estado Vargas, es también parte de la junta directiva de Bancaribe. Este banco agrupa a la oligarquía financiera de los Delfino y Dao.

Pero la frontera entre Credicard y la dirigencia antichavista continúa borroneándose.

El hermano de Diana D’Agostino, Francisco D’Agostino, es vicepresidente comercial del B.O.D. Además es propietario de varios bancos y empresas extranjeras, como Harvest Natural Resources (radicada en Texas) y el Banco Bancamerica ubicado en República Dominicana. El dueño del banco, Víctor Vargas, es suegro de Francisco ya que se encuentra casado con una de sus hijas. Además es uno de los principales responsables de estafar al Estado venezolano con contratos en el sector eléctrico a través de la empresa Derwick.

Arma de guerra

Son decenas los casos en que los ataques cibernéticos y/o sanciones financieras han sido utilizados como recursos asimétricos para afectar la economía de los países y a su población, sea por la vía indirecta (sabotaje) o directa (sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU).

Según informó el portal Gulf News, ciudadanos sirios vieron bloqueadas sus tarjetas Mastercard en el aeropuerto de Dubái en 2011. Una semana antes el Departamento del Tesoro de EEUU había ampliado las sanciones contra el país impidiendo cualquier transacción comercial o electrónica que estuviera gestionada por Mastercard. Para el Pentágono el sistema financiero sirio es permanente blanco de ataques cibernéticos, según un ex secretario de Defensa al que le realizaban una entrevista. Sugiere que es la mejor forma de proteger las sanciones y evitar cualquier indicio de estabilización interna de la mano de países aliados.

Igual sucedió el 21 de marzo de 2014 contra Rusia bajo una ampliación de las sanciones del mismo departamento por su posición con respecto al conflicto ucraniano. Mastercard y Visa suspendieron sus servicios a tres grandes bancos rusos y sus tarjetahabientes. Ayer mismo en un ciberataque contra su banco central, el país perdió 31 millones de dólares, afectando su plataforma de pagos. El gobierno ruso acusa a agencias de espionaje extranjeras de preparar ciberataques para desestabilizar el sistema financiero ruso. Los ataques vendrían de Ucrania y los Países Bajos.

Bancos libaneses y toda su plataforma fueron brutalmente asediados por ataques cibernéticos provienentes de Estados Unidos e Israel en 2012, ante las sospechas del Departamento del Tesoro de EEUU de que esa nación estaba ayudando a Siria e Irán a sortear las sanciones financieras internacionales impuestas en su contra. La disponibilidad de efectivo así como las transacciones electrónicas se paralizaron de forma agresiva ante la gravedad del ataque. El ataque también afectó a bancos sirios e iraníes.

Los ciberataques son también recursos asimétricos con una delimitación geopolítica muy bien definida, y se aplican cuando los resortes de la presión diplomática e interna se desgastan. Los tiempos políticos en Venezuela y la forma en cómo el chavismo ha impuesto su agenda, parece abrir la cancha para que estos mecanismos de intervención extranjera no convencional -como en los casos antes comentados- se pongan a prueba. En Venezuela también los recursos clásicos de intervención entraron en crisis. Es la hora loca de los laboratorios de guerra sucia.

¿En qué contexto se da el hecho?

El entorno de negocios familiares de la dirigencia antichavista se pone a disposición de un plan de golpe financiero contra el país antes de terminar el año, complejizando la rutina económica de la gente en su cotidianidad en un contexto donde aumenta la demanda por la época decembrina.

También se busca entorpecer la reingeniería en curso del nuevo cono monetario: el gobierno venezolano está absorbiendo masa monetaria para ingresar nuevos billetes y equilibrar el exceso de papel moneda, lo cual deja al único medio de pago alternativo (transferencias electrónicas, pagos en puntos de venta, etc.) como elemento a desestabilizar aprovechando políticamente estas circunstancias transitorias.

El pasado 11 de noviembre la MUD, ante el país y la comunidad internacional, firmó un acuerdo donde se comprometía a combatir cualquier forma de agresión o sabotaje económico contra el país.

Sin embargo, ellos siguen siendo los saboteadores.