El Ministerio Público (MP) ha imputado un total de 856 personas por defraudar a la nación con el uso de las autorizaciones de divisas, para consumos con tarjetas de crédito durante viajes al exterior, precisó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
Estos ciudadanos, conocidos como “raspacupos”, representan un fraude para el país que suma ocho millones de dólares, indicó la fiscal entrevistada en el programa Diálogo Con, transmitido este domingo por la televisora privada Televén.
Añadió que 656 individuos han sido acusados formalmente, 291 están condenados por admitir los hechos y 11 de ellos han recibido la condena en juicio oral y público.
Banqueros prófugos de la justicia venezolana
La Fiscal señaló que hay varios banqueros prófugos de la justicia, que en el 2010 el Ministerio Público ejerció una acción por el fraude de varios bancos en el país. “Hay un grupo que están solicitados y se encuentran en EEUU“.
“No puede considerarse un delito político el hecho de que una persona haya utilizado su institución para defraudar a la población venezolana, que fue el caso de la mayoría de ellos. El Ministerio Público tiene la obligación de sancionar a aquellas personas que cometen delitos, no importa que sean militantes políticos o no“, expresó.
Estos ciudadanos, conocidos como “raspacupos”, representan un fraude para el país que suma ocho millones de dólares, indicó la fiscal entrevistada en el programa Diálogo Con, transmitido este domingo por la televisora privada Televén.
Añadió que 656 individuos han sido acusados formalmente, 291 están condenados por admitir los hechos y 11 de ellos han recibido la condena en juicio oral y público.
Banqueros prófugos de la justicia venezolana
La Fiscal señaló que hay varios banqueros prófugos de la justicia, que en el 2010 el Ministerio Público ejerció una acción por el fraude de varios bancos en el país. “Hay un grupo que están solicitados y se encuentran en EEUU“.
“No puede considerarse un delito político el hecho de que una persona haya utilizado su institución para defraudar a la población venezolana, que fue el caso de la mayoría de ellos. El Ministerio Público tiene la obligación de sancionar a aquellas personas que cometen delitos, no importa que sean militantes políticos o no“, expresó.


















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