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Pekín ha hecho público por primera vez cuáles son sus herramientas para conseguir que fugitivos acusados de corrupción regresen a China junto con los activos que se habían llevado al extranjero, incluso desde países con los que no existen tratados de extradición. En 2014 el Ministerio de Seguridad Pública de China puso en marcha la Operación Fox Hunt para localizar a funcionarios, y desde entonces más de 500 personas que huyeron del país con más de 3.000 millones de yuanes (481 millones de dólares) en activos han sido devueltos a China.
Según la Comisión Central de Control Disciplinario, la operación internacional contó con la participación de fiscales, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y de la Justicia y el Banco Popular de China.
Uno de los mayores problemas era conseguir que volvieran a China fugitivos que se encontraban en Estados Unidos, Australia y Canadá, países que carecen de tratados de extradición con Pekín, informa 'The Business Insider'.
En algunos casos China envió a agentes para persuadir a los fugitivos de que pusieran fin a su exilio, pero en otros casos envió pruebas de su actividad criminal a los países de acogida para que los repatriaran por motivos de inmigración ilegal directamente o a través de un tercer país. Además, las autoridades chinas proporcionaron pruebas para que los países de acogida pudieran procesar a los fugitivos bajo sus leyes nacionales.
Los activos ilícitos fueron repatriados a través de diversos medios, desde acuerdos bilaterales de cooperación hasta pactos con los sospechosos o sus familias para que devolvieran los bienes.
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