lunes, 8 de mayo de 2017

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El corazón de los venezolanos se paralizó en el 2016 cuando se concretó el boicot económico que orquestaba la oposición contra la nación, para presionar la salida del presidente constitucional, Nicolás Maduro.

Esta situación incidió directamente en la alimentación de las familias, quienes fueron víctimas de mafias especuladoras, que desviaban los productos de primera necesidad, con el propósito de conmocionar la nación, sustentar los posteriores ataques al Gobierno y preparar la intervención de otras naciones.

Ante este despiadado plan, el presidente Nicolás Maduro solicitó a los gobernadores llegar hasta “las catacumbas del pueblo”, con el fin de escuchar y atender directamente sus necesidades.

Aunque la oposición insistió en crear un clima de violencia, zozobra y desestabilización, Maduro decretó el 2017 como el año de la esperanza, con la seguridad de que el pueblo saldrá airoso de estos ataques, gracias a sus niveles de organización y producción.

Es por ello que desde enero, un batallón de chavistas, liderado por la gobernadora de Monagas, Yelitza Santaella, recorre con el Gobierno de Calle los sectores de la región, para ofrecerles respuesta inmediata a las inquietudes de los vecinos, principalmente, en el área de servicios básicos, recuperación de obras públicas, y entre ga ayudas sociales.

El abordaje se concretó en siete de los 13 municipios del estado, donde ejecutan trabajos integrales con una inversión que supera los 2 mil millones de Bolívares.

Este mecanismo logró estrechar lazos entre el gobierno regional, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Poder Popular, que trabajan articulados, con la finalidad de garantizar el bienestar de las comunidades monaguenses.

En estos recorridos, la mandataria regional creó el programa social “La Batería de Juana Ramírez” que asiste a las familias de bajos recursos y adultos mayores que no han recibido pensión, ya que fueron los más afectados de la guerra.

Este proyecto les ofrece atención variada los beneficiarios que incluye valoración médica, asesoría legal, una ayuda económica mensual de 70 mil bolívares y una bolsa de alimentos.

En la región han sido beneficiadas más de 12 mil personas que integran las 3 mil 200 familias registradas en la primera fase.

La captación de los casos, aún continúa en el estado. El 95 por ciento son inscritos mediante el abordaje del Gobierno de Calle.

Un equipo multidisciplinario integrado por militantes del PSUV, misioneros y representantes de la Gobernación están desplegados en los sectores populares, evaluando las condiciones de vida de los habitantes que serán subsidiados hasta que reciban la Tarjeta Socialista o la pensión que les otorga el Gobierno revolucionario a los abuelos de la patria.

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