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Nosotras y nosotros, abajo firmantes, comunicadoras y comunicadores populares militantes de la Comunicación Insurgente, condenamos el atentado efectuado este jueves contra la democracia revolucionaria que en la República Bolivariana de Venezuela encabeza el Presidente Obrero, Nicolás Maduro, hombre curtido en las lides sindicales y populares a lo largo de su vida.
Este día, una componenda internacional orquestó sus instrumentos de destrucción informativa para hacer creer al mundo que un Golpe de Estado había acabado en nuestro país con el Poder Legislativo. La decisión tomada por el Gobierno de Perú bajo control de Pedro Pablo Kuczynski, de retirar su embajador de nuestro territorio argumentando dicha falsa premisa fue la punta de lanza que indicó el camino a seguir por la derecha en el continente y allende los mares. Casi que de manera simultánea, las redes digitales evidentemente manipuladas por operadores contrarrevolucionarios difundieron la especie y magnificaron el hecho, en otra pérfida y ruin demostración de sicariato comunicacional.
La convocatoria efectuada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, para este viernes a objeto de considerar nuevamente el “caso Venezuela”, despeja cualquier duda que pudiera abrigarse en tal sentido. Este ciudadano, indigno de su gentilicio latinoamericano, parece dispuesto a llevar hasta el final el triste papel de lacayo asignado por sus amos del norte y del imperialismo en general.
Nosotras y nosotros dejamos sólida constancia del funcionamiento del estado de Derecho en el país. Cuando ha sido violentado, es porque de ello se han encargado justamente las fuerzas reaccionarias reacias a ceder los espacios de privilegios obtenidos con dudoso origen durante la Cuarta República. El Golpe de Estado contra el Comandante Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, así lo certifica. El zarpazo de entonces fue propinado por mujeres y hombres que históricamente fueron verdaderos parásitos mantenidos por el Estado con los dineros y otros recursos de toda la población. Por el contrario, el accionar de una población honesta y comprometida con la igualdad hizo posible la restitución de las garantías constitucionales pisoteadas por los golpistas.
Este jueves, esas mismas fuerzas sincronizaron una nueva embestida amparadas en la mentira y la manipulación del desconocimiento natural de otros pueblos sobre nuestra realidad. Con sadismo aseveraron que la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, de suplir a la Asamblea Nacional en sus funciones propias constituyó un rompimiento de la institucionalidad. Este argumento, absolutamente baladí, está carente de todo soporte legal y político por cuanto fue en la Carta Magna aprobada por el pueblo el 15 de diciembre de 1999 donde se apoyó la Sala Constitucional, SC, del TSJ para proceder con la citada resolución.
En efecto, dicha sentencia está basada en el artículo 336 de nuestra máxima norma donde se establecen las facultades de la SC, y en el artículo 337 dirigido a definir las facultades del Presidente o Presidenta de la República en materia de Estados de Excepción.
Hay que recordar que la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el máximo tribunal del país, luego de haberse determinado la existencia de serias evidencias de irregularidades en el proceso electoral legislativo del 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas, dejando como resultado la elección aparentemente viciada de tres ciudadanos al Parlamento nacional. Hasta hoy, los tres elegidos siguen incorporados a la cámara porque aunque renunciaron de forma personal a la misma, no fueron separados por la junta directiva que los incluyó como lo ha manifestado de manera reiterada el TSJ.
Sirva este cúmulo de consideraciones para reiterar nuestro respeto y apoyo al Gobierno Nacional encabezado por el presidente Nicolás Maduro, al tiempo que rechazamos cualquier tipo de maquinación que interna o externamente se active en función de aplastar la soberana decisión del pueblo venezolano de construir un sistema político de amplia justicia social y económica siguiendo las directrices de nuestro padre Libertador Simón Bolívar y su máximo intérprete, Hugo Chávez.
Por la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela,
Por la defensa y consolidación de la Revolución Bolivariana,
Con nuestro pueblo y nuestro gobierno,
Izamos las banderas de la paz y la justicia mediante la Comunicación Popular
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