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La Controlaría General de Venezuela (CGV) presentó hoy un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el parlamento nacional en desacato luego que se les impidiera intervenir su servicio de auditoria interna y advirtió que de este recurso surgirán sanciones que van desde multa a inhabilitaciones.
“Hemos agotado los medios para auditar la administración de la AN y no los han impedido”, afirmó el Contralor General, Manuel Galindo, quien además acotó que el Poder Legislativo persiste en su desacato en contra de la Contraloría al no permitir la labor de la nueva auditora interna interventora Mayren Ríos Díaz y el ex presidente de la AN, Henry Ramos Allup “ha puesto obstáculos” para el buen desempeño de la labor auditora.
“Agotada esta última intención de notificación se procederá en el término que establece la ley a notificarlo con un cartel publicado en la prensa escrita advirtiendo las respectivas sanciones por el desacato que pueden estar desde una multa, inclusive hasta una inhabilitación si fuera el caso”, dijo Galindo.
Para concluir explicó que “ningún diputado electo tiene el conocimiento suficiente ni la atribución suficiente para exigir a la Contraloría que presente el escrito que inicia el procedimiento de intervención ante la junta directiva” de la AN.
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