El informe final de la comisión parlamentaria que investiga el caso de corrupción dentro de la estatal Petrobras liberó de cualquier responsabilidad a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y al mandatario anterior, Luiz Inácio Lula Da Silva, porque no hay prueba alguna que los involucre en alguna irregularidad.
Las 754 páginas del informe serán sometidas a votación el este jueves 22 de octubre por la comisión, informó la agencia EFE. En el documento, que se conoció el martes, también se exculpa a los expresidentes de Petrobras Graça Foster y José Sérgio Gabrielli.
La decisión se conoció el martes, justo cuando la mandataria se encuentra de gira por Europa. Sin embargo, tras la categórica decisión de la comisión, la oposición a Rousseff insiste en tratar de llevarla a juicio para forzar su destitución con un nuevo recurso introducido este miércoles, que ahora alega supuestas “irregularidades fiscales” en 2014 y 2015.
Desde la capital finlandesa, la Presidenta brasilera reiteró que su gobierno “no está involucrado en ningún escándalo de corrupción”, tras defender las reformas económicas diseñadas por su despacho para impulsar el crecimiento de la nación y destacar que las acusaciones no son contra el gabinete que dirige sino contra personas que obtenían contratos fraudulentos con la anuencia de algunos funcionarios, que ya están en prisión.
Hasta ahora, 44 personas han sido condenadas y otras 123 acusadas formalmente, de acuerdo con el informe de la comisión, que ya ha propuesto reformas a la ley anticorrupción para evitar que se repitan casos similares, mediante un mayor control de la gestión en las empresas del Estado.
La Policía Federal, también involucrada en las investigaciones, detalló que las constructoras pactaban contratos con precios amañados por encima del valor real y se repartían el excedente.
El caso de Petrobras se empezó a investigar en marzo del año pasado, luego de la detención del ex director de Refinería y Abastecimiento Paulo Roberto Costa. Con el objetivo de reducir la pena que le fue impuesta, el funcionario ofreció supuestos detalles de cómo funcionaba el fraude con la empresa privada.
Desde el inicio del proceso, la postura de Rousseff ha sido la de pleno respaldo a las investigaciones que determinen responsabilidades penales para los corruptos. Incluso, en noviembre de 2014, consideró que las pesquisas en la estatal iban a cambiar la historia del país porque, si bien no era el primer caso de este tipo que ocurre en Brasil, sí es “el primer escándalo de nuestra historia que es investigado”.
“Es la primera investigación efectiva sobre corrupción en Brasil que involucra segmentos públicos y privados. La primera, y que va hasta el fondo”, recalcó.
Sin embargo, la oposición a Rousseff ha pretendido utilizar ese caso para darle un golpe de Estado jurídico a la mandataria.
Las 754 páginas del informe serán sometidas a votación el este jueves 22 de octubre por la comisión, informó la agencia EFE. En el documento, que se conoció el martes, también se exculpa a los expresidentes de Petrobras Graça Foster y José Sérgio Gabrielli.
La decisión se conoció el martes, justo cuando la mandataria se encuentra de gira por Europa. Sin embargo, tras la categórica decisión de la comisión, la oposición a Rousseff insiste en tratar de llevarla a juicio para forzar su destitución con un nuevo recurso introducido este miércoles, que ahora alega supuestas “irregularidades fiscales” en 2014 y 2015.
Desde la capital finlandesa, la Presidenta brasilera reiteró que su gobierno “no está involucrado en ningún escándalo de corrupción”, tras defender las reformas económicas diseñadas por su despacho para impulsar el crecimiento de la nación y destacar que las acusaciones no son contra el gabinete que dirige sino contra personas que obtenían contratos fraudulentos con la anuencia de algunos funcionarios, que ya están en prisión.
Hasta ahora, 44 personas han sido condenadas y otras 123 acusadas formalmente, de acuerdo con el informe de la comisión, que ya ha propuesto reformas a la ley anticorrupción para evitar que se repitan casos similares, mediante un mayor control de la gestión en las empresas del Estado.
La Policía Federal, también involucrada en las investigaciones, detalló que las constructoras pactaban contratos con precios amañados por encima del valor real y se repartían el excedente.
El caso de Petrobras se empezó a investigar en marzo del año pasado, luego de la detención del ex director de Refinería y Abastecimiento Paulo Roberto Costa. Con el objetivo de reducir la pena que le fue impuesta, el funcionario ofreció supuestos detalles de cómo funcionaba el fraude con la empresa privada.
Desde el inicio del proceso, la postura de Rousseff ha sido la de pleno respaldo a las investigaciones que determinen responsabilidades penales para los corruptos. Incluso, en noviembre de 2014, consideró que las pesquisas en la estatal iban a cambiar la historia del país porque, si bien no era el primer caso de este tipo que ocurre en Brasil, sí es “el primer escándalo de nuestra historia que es investigado”.
“Es la primera investigación efectiva sobre corrupción en Brasil que involucra segmentos públicos y privados. La primera, y que va hasta el fondo”, recalcó.
Sin embargo, la oposición a Rousseff ha pretendido utilizar ese caso para darle un golpe de Estado jurídico a la mandataria.


















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