Seis de los involucrados permanecen recluidos en la dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta Norte y otras dos tienen medida cautelar de presentación cada 15 días por encontrarse amamantando y padecer de una grave enfermedad, respectivamente.

En la audiencia preliminar, las fiscales
nacionales 23° contra la legitimación de capitales, delitos económicos y
financieros, 26º contra la corrupción y 84° penal, tributaria y
aduanera, Carolina Morgado, Jeimy Yesenia Duque y Dizlery Cordero,
respectivamente, ratificaron la acusación contra los siguientes
exintegrantes del Fondo Chino Venezolano:
A Pablo José González Hernández (gerente
ejecutivo encargado) por presuntamente incurrir en el delito de
peculado doloso propio en calidad de coautor.
A César Rafael Cortizo Ospino
(coordinador legal), María Gabriela Dona García (analista en la
Coordinación Legal), Javier Fernando González (analista operacional) y a
Ángel Daniel Dávila Briceño (analista de la gerencia de operaciones)
por presuntamente ser coautores del delito de peculado doloso impropio.
Asimismo, ratificaron la acusación a los
siguientes integrantes de la Compañía Venezolana de Mantenimiento
Industrial (Cavemin): Roberto Pfeffer (administrador), Dubravka Dojg
(directora general adjunta) y su hija Lea Dojg (arquitecto), por
presuntamente incurrir en los delitos de forjamiento y uso de documento
público en grado de coautoría, y cooperador inmediato en el delito de
peculado doloso propio.
Las referidas ocho personas fueron
acusadas por presuntamente incurrir en asociación para delinquir en
concurrencia real de delito.
Una vez evaluados los medios de prueba
presentados por las fiscales del Ministerio Público, el Tribunal 34° de
Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó el enjuiciamiento
de las ocho personas, seis de las cuales permanecen recluidas en la
Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta Norte, municipio
Sucre del estado Miranda.
Las otras dos personas, Dona García y
Dubravka Dojg, tienen medida cautelar de presentación cada 15 días ante
el referido tribunal por encontrarse amamantando y padecer de una grave
enfermedad, respectivamente.
Vale recordar que la investigación se
inició el 19 de diciembre de 2012, cuando el entonces viceministro del
Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia, mayor Hugo Carvajal
Barrios, solicitó al Ministerio Público indagar con relación a dos
presuntos desembolsos irregulares de fondos económicos autorizados por
el Fondo Chino Venezolano y pagado por el Banco de Desarrollo Económico y
Social de Venezuela (Bandes) a las empresas Kelora S.A (22 millones de
dólares) y Bismarck Consorcio Traving Corp (62 millones de dólares).
Tras la investigación coordinada por el
Ministerio Público, las mencionadas personas fueron aprehendidas por
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas y de la inteligencia militar en distintos procedimientos
realizados en el AMC, en cumplimiento de varias órdenes de aprehensión
solicitadas por la representación fiscal y acordadas por el citado
Tribunal.
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